El Art. 37 d) de la Ley del Impuesto a la Renta y sus relaciones con el Derecho Penal Económico

 

El Art. 37 d) de la Ley de Impuesto a la Renta señala ad litteram:

Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor

en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en

perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte

que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros 

y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que 

se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente”.

Este artículo enlaza el Derecho Tributario no sólo con el Derecho Penal , sino también con el Derecho Civil (Relaciones Obligatorias).

Podemos relacionar la norma tributaria con el vigente artículo 1140 del Código Civil que señala textualmente :

El deudor no queda eximido de pagar el valor del bien cierto, aunque éste se haya perdido sin culpa, cuando la obligación proviene de delito o falta. Esta regla no se aplica si el acreedor ha sido constituido en mora”. 

Fernando Guzman Ferrer en su Código Civil Tomo III de Editorial Científica comentando este artículo afirmaba : ” Este artículo acoge un principio ético relevante, omitido por el legislador de 1936. Cuando la obligación proviene de delito o falta – y así lo señalan los artículos 1185 del Código Español y 2019 del Código Mejicano – el deudor no queda eximido de pagar el valor de la cosa cierta, aunque éste se hubiera perdido sin su culpa. La regla admite, sin embargo, una excepción. Ella no se aplica si el acreedor hubiese constituido en mora”. 

Es decir, subyace en el artículo 1140 C.C la diferenciación de las obligaciones ex delito respecto a cualquier otro tipo de obligación. Para la legislación civil como señala Guzmán Ferrer las obligaciones ex delito son especialmente repudiables y por ello deben ser cumplidas incluso en casos de perdida sin culpa.

El Art. 1140 parece diseñado para el tipo de apropiación indebida.

En el caso del Art. 37 d) la primera parte del artículo trata de las pérdidas sufridas por los ” bienes productores de renta gravada” producto de caso fortuito o fuerza mayor (en el common law Act of God).

La norma tributaria trata genéricamente de la posibilidad de deducir las pérdidas, -no imputables a ellos mismos- que tiene los contribuyentes de tercera categoría ( personas naturales, personas jurídicas) a fin de determinar la renta neta. Este artículo debe interpretarse en concordancia con el Artículo 35 de la Ley.

Aquí también subyace una diferenciación ética. Ello, porque mientras los casus del derecho civil permiten únicamente deducir los perjuicios sufridos en los “bienes productores de renta gravada” los perjuicios relacionados a delitos no tienen esta limitación.

La norma tributaria parte desde perjuicios internos y externos.

Los perjuicios internos pueden darse a partir de casos de administración desleal ( Art. 198 C.P) , bien departe de un administrador de hecho o de derecho y apropiación indebida ( Art. 190 c.p).

La norma tributaria utiliza el término “dependiente” que en el caso del Art. 198 C.P puede determinarse en lo relativo al administrador de forma fáctica pues la norma penal lo permite.

Los perjuicios externos pueden darse a partir de casos de daños ( Art. 205 Código Penal), hurto, usurpación, libramiento indebido, estafa ( Art. 196) y robo. En el caso de los delitos contra el honor, únicamente podrían utilizarse en caso de mella a la reputación comercial de una persona natural.

Caben también supuestos de perjuicios  indirectos por parte de terceros como los casos de Pánico financiero en los que se divulge información que ocasione perjuicios a la empresa.

Se señala que las pérdidas no deben resultar cubiertas por indemnizaciones o seguros. En algunos mercados específicos es práctica común que cierto tipo de activos esenciales estén cubiertos por seguros. Lo relevante es en todo caso que la norma tributaria no diferencia entre activos que “deban estar cubiertos” y los que no.

Finalmente, se añade que el “hecho delictuoso” – impropiamente pues el hecho no es delictuoso, sino más bien la conducta- debe ser probado judicialmente o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente. Por probado judicialmente debe entenderse la condena firme.

En cuanto a “acredite que es inútil ejercitar la acción” estamos ante algunos de los supuestos de hecho del Artículo 78 de Código Penal. Entre ellos, muerte del imputado, prescripción,  amnistía y derecho de gracia.

Quedan afuera los casos de autoridad de cosa juzgada, desistimiento y transacción. El primer porque se trata de una decisión que determina la inocencia, los segundos porque se trata de mecanismos en casos de delitos que proceden por acción privada.

Las pérdidas deben ser extraordinarias, es decir la excepción y no la regla. Para la delimitación del término pueden utilizarse ciertos parámetros de competencia de la víctima. Es decir, el establecimiento de procedimientos de autoprotección.

Un pensamiento en “El Art. 37 d) de la Ley del Impuesto a la Renta y sus relaciones con el Derecho Penal Económico

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