Consideraciones sobre el Nuevo Código Procesal Penal

Como es bien sabido el nuevo código procesal penal tiene un significado muy importante para un sistema de justicia penal como el peruano. Representa el adiós definitivo al juez investigador, el juez contaminado que sentencia lleno de subjetividades.  El destacado profesor Mixan Mass recientemente fallecido había advertido ya hace mucho de la necesidad de una reforma de la legislación en materia procesal penal.

Rompiendo este molde es el fiscal, el que en la investigación preliminar e investigación preparatoria dirige la investigación. En la investigación preliminar el Fiscal debe ser comunicado de todos los actos que realiza la policia, y no como  se hacia en el código que ya se deja en donde en algunos casos los llamados partes policiales se archivaban sin que se entere el fiscal.

El nuevo código contempla que por la urgencia de algunos casos será posible la intervención inmediata de la policia sin autorización, pero con la debida comunicación al fiscal.  

Debe destacarse que en el NCPP, la fiscalìa ha acogido un modelo corporativo por la cual sin perjuicio de la independencia y autonomía de criterios de cada fiscal, la fiscalía busca la unidad de criterios. En este sentido en la ocasión pertinente el fiscal provincial podra recibir instrucción del fiscal superior y ambos del fiscal de la nación. En la práctica cabe la reflexión de en que medida este principio podría afectar la libertad de criterio de cada Prosecutor.

En el NCPP, el juez de la investigación preparatoria interviene en la investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia y la ejecución de sentencia.  Unicamente este juez no interviene en el juicio oral en donde interviene un juez unipersonal o juez colegiado dependiendo de la pena del delito que se trate. Si se trata de un delito que tiene estipulado una pena de 6 años  o más intervendra un juez colegiado.

Debe mencionarse en este código la regulación del llamado principio de oportunidad, en el art. 2 del NCPP. El principio de oportunidad es una excepción al principio de legalidad que impone el ejercicio de la acción penal al fiscal en caso de la comisión de hechos delictivos. Es que como bien dice el profesor Sanchez Velarde el estado es consciente de la necesidad de direccionar los recursos hacia las formas más graves de criminalidad.  Aquí se cometió un error notable en tanto no se incluyó el Art. 198-A en el Art. 2 inc. 6.

Al respecto se establecen tres supuestos : a) mínima lesividad b) mínima culpabilidad ( entre ellos la existencia de p.e las causales del art. 20 del C.P) c) cuando  el agente haya sido afectado gravemente por su propio delito.

En el caso del supuesto c) se considera que al ser grave el perjuicio sufrido por el agente ya no existiría necesidad de pena. En el caso del supuesto b) como afirma Sanchez Velarde es una excepción a la determinación de responsabilidad por el organo jurisdiccional en tanto la legislación faculta expresamente al prosecutor para que p.e en casos de responsabilidad restringida se pueda aplicar este principio.  En el supuesto a) se considera que por la mínima lesividad de la conducta no se ve vulnerado de forma grave el interes público.

En estos casos es facultativo para el fiscal iniciar el principio de oportunidad o no. Sin embargo en los casos del art. 2 inc. 6 que enumera una serie de delitos como el delito de estafa y el delito de administración fraudulenta el fiscal tiene la obligación de inicar el principio de oportunidad.

Debe mencionarse que en el art. 2 inc. 7 parte in fine se establece el llamado ” acuerdo notarial” muy poco conocido dicho sea de paso. La legislación establece la posibilidad de un instrumento público legalizado sin la presencia del fiscal. Esto ha merecido las críticas de Sanchez Velarde quien considera que todo acuerdo debe pasar por la figura del fiscal como defensor de la legalidad.

Este autor considera que así se vulnera la fase preventivo especial de este principio al permitirse un acuerdo entre las partes.  Este principio puede entenderse desde perspectivas preventivo- generales y preventivo-especiales aunque  considero que tambien podría entenderse desde la perspectiva de Jakobs.  Otra cuestión es que la pena no puede tener finalidades puramente retributivas, la pena como hecho negativo, como hecho no deseable tiene claramente que mirar a futuro ya que se trata de un hecho a evitar, tiene entonces que tener finalidades claramente preventivas.

Cambiando de themis, durante la investigación preliminar y preparatoria el fiscal tiene la función de incorporar al proceso las correspondientes fuentes de prueba con la finalidad de determinar primero si se da la ” disposición de continuación de la investigación preparatoria” ó de ser el caso el archivo del proceso.  Estas fuentes de prueba pueden servir para determinar en su caso si se realiza la acusación o se solicita el sobreseimiento del proceso.

Como es sabido la investigación preliminar tiene un plazo de 20 días y la investigación preparatoria un plazo de 120 días . En ambos casos los plazos pueden ser prorrogables y como ha dicho ya la corte suprema en jurisprudencia él plazo de la investigación preliminar no esta contenido en la investigación preparatoria.  En el caso de la etapa intermedia que es propiamente el control de la acusación  no se establece un plazo taxativo. Esta fase debe durar el tiempo que sea necesario teniendo en cuenta evidentemente criterios de razonabilidad.

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